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CCOO y UGT comienzan a recoger firmas para que el Congreso legisle una renta mínima de 426 euros para más de dos millones de personas
3 Octubre 2015

Antonio Pino y Justo Rodríguez Braga presentaron el pasado 29 de septiembre en rueda de prensa la ILP que los sindicatos mayoritarios han impulsado a nivel confederal para garantizar una prestación de ingresos mínimos a las personas que carecen de recursos y que en el conjunto del país podría beneficiar a cerca de 2,1 millones de personas. Se trataría de un derecho subjetivo, cuya cuantía en 2015 sería de 426 euros y se financiaría a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.



ilp r prensa

El secretario general de CCOO de Asturias, explicó que la crisis y los recortes del Gobierno del Partido Popular han dejado a muchas personas en la cuneta, quedando en evidencia la insuficiencia de nuestro sistema de protección para atenderlas. De hecho, casi 13 millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión en nuestro país.

Ha aumentado el número de hogares con todos sus miembros en paro (13.900 en Asturias), se ha disparado el desempleo juvenil, el que afecta a los mayores de 45 años y el número de parados de larga duración, añadió Antonio Pino. Además, cada vez hay más desempleados sin cobertura. Y los actuales instrumentos de protección social no alcanzan a cubrir a todas las personas que se encuentran en situación de necesidad.

La prestación de ingresos mínimos que demandan los sindicatos sería del 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que calculado en 2015 serían unos 426 euros mensuales, y se percibiría mientras se mantengan las condiciones que dan acceso a la prestación.

Esta nueva prestación sería incompatible con las prestaciones tanto contributivas como no contributivas del sistema de Seguridad Social, pero sí lo sería con el resto de rentas, siempre que sean inferiores en cómputo anual al 75% del salario mínimo interprofesional. Esta renta se configuraría como un derecho subjetivo, por lo que formaría parte del nivel no contributivo de la Seguridad Social. La financiación debería garantizarse vía impuestos a través de los Presupuestos Generales del Estado.

Antonio Pino resaltó al final de su intervención que "es de ley rescatar a las personas y combatir la desigualdad". Por su parte, Justo Rodríguez Braga apuntó que en Asturias podría beneficiar a 28.117 hogares y a unas 30.791 personas, y aliviaría la carga del salario social, que podría destinarse a otras necesidades.

CCOO y UGT pretenden que esta nueva prestación "se apruebe en la próxima legislatura".