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29 Junio 2016

El Comité de Dirección Confederal de la Confederación Sindical de CCOO reunido en Madrid el martes 29, ha procedido a analizar el resultado de las elecciones generales celebradas en España el pasado domingo día 26, así como la situación generada en la UE a partir del referéndum en el que Gran Bretaña decidió, el pasado día 23, abandonar la Unión.



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Reunión del Comité de Dirección Confederal el 28 de junio

El Comité de Dirección Confederal de la Confederación Sindical de CCOO reunido en Madrid ayer martes, ha procedido a analizar el resultado de las elecciones generales celebradas en España el pasado domingo día 26, así como la situación generada en la UE a partir del referéndum en el que Gran Bretaña decidió, el pasado día 23, abandonar la Unión. Es evidente que el elemento más destacable de la jornada es la victoria del Partido Popular que mejora sensiblemente sus resultados de diciembre.

Los resultados de las elecciones del 26 de junio arrojan un notable crecimiento de la abstención, que se sitúa en porcentajes similares a los de 2011. En 2011 se abstuvo el 31,06%, el 20 D de 2015 tan solo un 26,8% y ayer volvió a incrementarse hasta un 30,16%, lo que sin duda refleja el desencanto de una parte del electorado a partir de la gestión realizada por las formaciones políticas, especialmente de izquierdas, del resultado obtenido el 20 D.

Si en 2011, la fuerte abstención, unida a la injusta e ineficaz gestión de la crisis en la legislatura precedente, posibilitó la amplísima mayoría obtenida entonces por el PP, sin duda este mismo Partido ha sido el gran beneficiado del nuevo repunte abstencionista, algo de lo que ya en su momento, fracasadas las negociaciones para la investidura en la frustrada legislatura pasada, desde el Sindicato advertíamos que podía suceder.

Hay una parte de la abstención en estas elecciones, como ya había sucedido en las anteriores, que es forzada por las condiciones en que han de votar los españoles y españolas que residen en el extranjero –el llamado voto rogado-, situación que CCOO ha venido denunciando desde hace tiempo y que en estas elecciones nos ha llevado a dirigirnos a todas las instancias de Gobierno, Junta Electoral, Defensora del Pueblo…, para buscar una solución que inevitablemente pasa por la reforma de la Ley. Hablamos de más de 1 millón de personas, de las que solo unas pocas decenas de miles han podido ejercer su derecho al voto.

No estaría de más, que las formaciones de la izquierda realizasen un análisis adecuado de lo sucedido en las elecciones y del papel que cada formación ha jugado a la hora de desperdiciar la ocasión que la ciudadanía les había dado el 20D para iniciar en España un proceso de cambio. Un cambio más necesario si cabe, después de 6 largos años de gestión neoliberal de la crisis económica y en un país trufado de casos de corrupción que afectan especialmente al partido que da soporte al todavía Gobierno en funciones y que, solo unos días antes de las elecciones, vivió otro episodio sórdido protagonizado , esta vez, por el Ministro del Interior y el Jefe de la Oficina Anti fraude de Cataluña, que en cualquier otro país democrático, hubiera llevado a sus ceses fulminantes, mientras aquí se salda sin consecuencias, ni tan siquiera afectación electoral.

En las elecciones celebradas el domingo en España han votado 1.189.364 personas menos que en diciembre pasado, fundamentalmente votantes de izquierdas a tenor de los resultados de los principales partidos.

La suma de los votos de los partidos de izquierdas de ámbito estatal (PSOE, Podemos e Izquierda Unida) el 20 D de 2015 alcanzaron los 11.643.375 votos y fueron superiores en 927.082 votos a los de la derecha (PP y Ciudadanos) que supusieron 10.716.293. Sin embargo el 26 J de 2016 la derecha alcanzó 11.102.954 votos, 555.511 más que los que alcanzaron PSOE y Unidos-Podemos, que apenas llegaron a los 10.474.443. Los partidos independentistas catalanes han obtenido el mismo resultado que el 20 de diciembre, es decir muy lejos de la mayoría absoluta que persiguen.

La coalición Unidos-Podemos ha perdido 1.062.862 votos respecto a la suma de los votos de Podemos e Izquierda Unida obtenida en diciembre, y ha mantenido el mismo número de escaños (71) que la suma aritmética de los obtenidos el 20D de 2015, aunque muy por debajo de las expectativas generadas en la campaña electoral. El PSOE ha perdido 106.070 votos y cinco escaños, quedándose en 85.

Ninguna de estas formaciones puede sentirse satisfecha por el resultado obtenido. En el primero de los casos es evidente que la coalición electoral no ha funcionado a pesar del espejismo de las proyecciones demoscópicas y la segunda no puede conformarse con haber salido de estas elecciones como “la primera fuerza de la izquierda”, después de haber obtenido su peor resultado en democracia, cuando ambas decían que su objetivo era ganar las elecciones al PP.

El voto de la derecha ha vuelto en parte a concentrarse en el Partido Popular, que ha crecido en 690.433 votos y ha logrado 14 escaños más hasta llegar a los 137. El PP ha obtenido 313.661 votos más de los 376.772 que ha perdido Ciudadanos, que tan solo ha obtenido 32 escaños, 8 menos que hace seis meses.

Estos resultados muestran un claro desplazamiento de los votantes a la derecha, fundamentalmente por un crecimiento de la desafección política de una parte importante de los votantes de izquierdas. Se necesitan estudios más profundos sobre el cambio de voto pero las grandes cifras muestran, como se ha dicho, que la mayor parte de la abstención correspondería al votante de izquierdas.

Aún con estos resultados, sean fruto del hastío y la decepción, que han incrementado la abstención; de la alta polarización electoral; del recurso al voto del miedo o como consecuencia del efecto del Brexit, sigue habiendo una mayoría parlamentaria que se ha reclamado “del cambio”, si bien la iniciativa ahora está en manos del partido vencedor de esta elecciones, el PP.

Sin embargo y a pesar de la euforia desatada en sus filas, el PP ha sufrido un castigo importante en relación con las elecciones generales de 2011. Fueron 63 los escaños perdidos el 20 de diciembre y ahora en junio ha recuperado 14 pero sigue perdiendo 49 después de una legislatura de gobierno en mayoría absoluta, sin duda como consecuencia de la gestión realizada durante la misma. Si llega a formar gobierno, el PP deberá tener esto muy en cuenta. Ahora se ha beneficiado de las circunstancias en que se han tenido que repetir las elecciones, pero debe saber que hay una ciudadanía harta de las políticas de austeridad, del alto desempleo, del crecimiento de las desigualdades, a la que agobia el tufo de la corrupción y que exige cambios que los partidos han de interpretar de manera adecuada.

El Congreso de los Diputados refleja una composición que hará difícil la conformación de una alternativa de Gobierno. No obstante, la repetición por tercera vez de las elecciones, para CCOO, no es una opción. Es necesaria la formación de un gobierno lo antes posible; no se pueden aplazar por más tiempo los retos que tienen la sociedad y la economía española y menos en el actual contexto de la UE.

Es asimismo evidente que las 20 propuestas presentadas por CCOO y la UGT siguen estando vigentes, porque responden a las necesidades de nuestro país y sus ciudadanos y ciudadanas, si bien la mayoría de ellas no se encuentran entre las prioridades del partido que ha resultado vencedor de estas elecciones.

España necesita un nuevo gobierno que debe impulsar el crecimiento de la economía, el incremento del empleo de calidad y con derechos, y afrontar una lucha contra la creciente pobreza que padecen los trabajadores españoles y las desigualdades generadas por la gestión de la crisis. Un Gobierno que garantice la estabilidad futura del sistema público de pensiones y que inicie la recuperación de los servicios básicos a la ciudadanía, que como la sanidad, la educación, la atención a las personas dependientes, los servicios públicos y sociales y las relaciones laborales que se han visto afectados por las políticas de recortes y las reformas practicadas durante estos años pasados, que reponga el papel de la negociación colectiva y con ella la recuperación de los empleos y salarios de los trabajadores y trabajadoras, que empiece la legislatura dignificando el Salario Mínimo Interprofesional.

Un gobierno que tenga una sólida capacidad de negociación con las instituciones comunitarias en relación con la amenaza de una multa por exceso del déficit público, pero también y fundamentalmente sobre los objetivos de cumplimiento del déficit público considerados en el Plan de Estabilización y Crecimiento (PEC), que deben renegociarse para garantizar una senda de crecimiento económico inclusivo. El propio PEC tiene mecanismos normativos (Artículo 5 del Reglamento 1466/97) para reevaluar dichos objetivos en función de negativas condiciones económicas extraordinarias.

El nuevo Gobierno tiene también por delante el desafío de poner fin a la corrupción y la crisis política que vive nuestro país desde hace varios años y cuya máxima expresión, hoy, se manifiesta en la relación de Cataluña y el resto del estado y que, sin duda, conocerá un nuevo recrudecimiento a medida que se aproxime el 11 de septiembre. Conscientes de su dificultad, la Confederación Sindical de CCOO, considera que la alternativa es necesario buscarla en el inicio de un proceso para la reforma de la Constitución española en clave federal.

Asimismo, el resultado de estas elecciones pone de manifiesto lo imprescindible que resulta la reforma de la actual ley electoral.

 

BREXIT

Por otro lado, la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea, tomada tres días antes de estas elecciones en referéndum, indudablemente es una situación extraordinaria que puede proyectar una senda de estancamiento económico en Europa durante mucho tiempo y que ni la UE ni España se pueden permitir.

La irresponsabilidad de primer ministro británico, David Cameron a la hora de resolver sus problemas internos, y el haberse echado en brazos de los sectores más xenófobos y nacionalistas, ha derivado en una situación inédita en la Unión Europea, que tendrá como principal perjudicado al propio Reino Unido (el gobierno escocés ya ha anunciado un nuevo referéndum de independencia para tener voz propia en la UE y se reabren las tensiones territoriales en Irlanda del Norte). Pero no hay que olvidar que si no hay una rectificación de las políticas europeas de austeridad fiscal, el Brexit puede ser el inicio de un proceso de desintegración gradual de la Unión Europea. Dichas políticas han conseguido que gran parte de la ciudadanía europea recele del proceso de construcción europea al identificar el euro con las políticas de ajuste.

No cabe ahora iniciar en octubre un proceso de negociación que se prolongue por dos años y suma a la UE de nuevo en la parálisis y la incertidumbre; es este un asunto de gran trascendencia y repercusión que debe ser abordado con prontitud y determinación si no se quiere que se deteriore aún más la maltrecha situación de la Unión.

Es necesario volver a conectar Europa con sus ciudadanos y ciudadanas. Hay mucho voto de los trabajadores en el Brexit, como hay mucho desencanto entre los mismos en otros países de la UE. Los Sindicatos con ellos queremos otra Europa, gobernada democráticamente, una Europa de otra manera, más social y menos insolidaria.

El Gobierno español en relación con Gibraltar, debe alejarse del oportunismo de corto vuelo y activar todos los mecanismos diplomáticos a su alcance para dar seguridades a la parte de la población de La Línea y localidades del entorno que todos los días cruza la valla para ir a trabajar al Peñón, así como al conjunto de ciudadanos y ciudadanas españoles que viven en el Reino Unido.

Tanto el Brexit como la forma en que se ha expresado en las elecciones en España, ponen de manifiesto dos fenómenos que van más allá de Gran Bretaña y España y están cada vez más presentes en todos los países, como son la brecha generacional, por un lado, y la brecha territorial de otro, fenómenos de distinta naturaleza, pero que tienen en común el cuestionamiento por ambos de la situación actual. Son fenómenos que merecen de la máxima atención tanto de parte de las instituciones como de las formaciones políticas, organizaciones sindicales…, para evitar que su enquistamiento o fracturas resulten a medio plazo irreversibles.

Finalmente, el Comité de Dirección Confederal de CCOO manifiesta su disposición a trabajar en la legislatura que ahora ha de iniciarse, con su mejor disposición para lograr dejar atrás no solo la recesión, sino también los efectos de la gestión de la crisis, para consolidar una nueva fase expansiva del ciclo económico, sostenible y vigorosa, que permita dar satisfacción a las demandas prioritarias de los trabajadores y trabajadoras y una ciudadanía exhausta por la aplicación de políticas inspiradas por la austeridad a ultranza. A hacerlo con sus propuestas, como las planteadas recientemente a propósito de la situación del sistema público de pensiones, a través de un auténtico proceso de concertación social.

CCOO demandará de manera urgente que el Congreso de los diputados aborde el debate de la ILP presentada con el aval de 700.000 firmas para el establecimiento de una Renta Mínima Garantizada y al nuevo Gobierno unos PGE para 2017, acordes con los objetivos señalados en el paquete de propuestas presentadas a los partidos antes de las elecciones.

CCOO impulsará la unidad de acción con la UGT y la confluencia con otros actores sindicales, políticos y sociales en esta nueva etapa, una vez cerrado el ciclo electoral para alcanzar los objetivos señalados.

Madrid 28 de junio de 2016

Comité de Dirección Confederal de la C.S. de CCOO